El oficialismo aceleró los pasos en el Congreso para ratificar el decreto de Alberto Fernández que finalizó con su intervención en la cerealera Vicentin y sus legisladores cuestioneron la continuidad del juez de la quiebra Fabián Lorenzini. 

El diputado Marcos Cleri y la senadora Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, lo acusaron de obstruir el concurso, una calificación que también forma parte de los argumentos del DNU 636 para justificar la derogación del 522, firmado el 9 de junio para intervenir la cerealera. 

Después de la marcha en contra de esa medida, Lorenzini limitó los interventores a la categoría de veedores y ahora ya no estarán en la empresa. Esa decisión archivó la idea original de avanzar en la intervención de la empresa por falta de consenso social. "Me equivoqué con Vicentín porque pensé que iban a salir todos a festejar", reconoció el presidente. 

Alberto anula el DNU para intervenir Vicentín y devuelve el proceso al juez

Los decretos están firmes cuando se publican y sólo pueden ser derogados si las dos Cámaras lo rechazan. Durante este gobierno, el oficialismo los confirma con su mayoría del Senado y en este caso decidió a apurar el dictamen en la bicameral de trámite legislativo para que esa Cámara lo ratifique cuando vuelva a reunirse. La estrategia del Gobierno parecería ser ir contra los dueños de la cerealera y el juez Lorenzini, en el juicio de quiebra que continuará y tendrá al Estado como protagonista por ser el principal acreedor a través del Banco Nación. 

"Una cosa era el 9 de junio, cuando se firmó el decreto de intervención; y otra un mes y medio después. En ese momento teníamos noticias de un vaciamiento que se producía hacía un año. Pero en este mes y medio, el vaciamiento de la firma es escandaloso y con ayuda de la justicia. No solamente se desprenden de los bienes sus asociados sino que rematan bienes y maquinarias", denunció Fernández Sagasti, quien participó de aquella conferencia de prensa en la Casa Rosada para anunciar la intervención. 

Fotografía HCSN

"Hay que ponerle un manto de sospecha al juez porque puede haber ido en contra de la ley de expropiaciones, que permite al Gobierno la decisión administrativa de intervenir la empresa. Pero además, al momento de presentarse el concurso entre los requisitos está contar con la copia de los balances de los últimos tres ejercicios. Pero el de 2019 de Vicentin todavía no aparece. La semana pasada el juez le dio 40 días hábiles para presentarlo. ¿Saben porqué no aparece? porqué no hay ninguna calificadora que quiera firmarlo", denunció la senadora.

La reunión la había abierto el presidente de la bicameral, el santafesino Marcos Cleri, quien hasta puso en duda la continuidad del juez. "Su competencia está muy cuestionada por los acreedores", destacó, después de describir su actuación. "La intervención buscó garantizar que los acreedores, los productores, el Estado nacional, el sistema financiero internacional puedan tener una empresa importante para el desarrollo agropecuario en manos de capitales nacionales". 

"Se buscó esta información, porque no se presentó un balance en 2019. No lo tiene el registro de Personas de Santa Fe ni el Banco Nación, que el año pasado le prestó una gran cantidad de créditos en el segundo semestre del año y afronta una causa penal".

"La empresa cuenta con 27 mil trabajadores en el concurso, 2700 acreedores, una deuda 1500 millones de dólares de deuda 33% internacionales y un 33% son proveedores son acopiadores trabajadores y productores y 33% estado nacional. El valor está por debajo de la deuda total en un tercio total no llegaría a cubrir las acrecencias".

Fotografía HCSN

"Hubo medidos de obstrucción del juez de Reconquista, que impidió hacer la intervención. Hasta que una jurisprudencia la dejó sin efecto, los colocó como veedores y volvió a darle la posibilidad que continúen los accionistas. Hubo una clara obstrucción, porque tampoco aceptó las propuestas del Gobierno de Santa Fe y el Estado Nacional. Pidió que siguieran al mando los accionistas".

Cambiemos aceptó la derogación del DNU (la comisión discute su constitucionalidad), pero rechazó el ataque al juez, mientras que los oficialistas se dividieron para aportar datos sobre la cerealera . "El fin no justifica los medios. Intervenir una empresa privada se puede si es dispuesto por un juez. La intervención de Vicentin fue ilegal. Los accionistas que se defiendan ellos. Es deleznable hablar de obstrucción. El juez ejerció su facultad", se molestó el diputado del PRO Pablo Tonelli. 

"En 14 años tuvo récord en los balances. Hasta que en 2018 empezó con una salida al extranjero de sus utilidades y no pagaba sus deudas en el Banco Nación, que llegaron a 350 millones de dólares", denunció la senadora del Frente de Todos Teresa González.

"A Cristóbal López le dan un plan de pagos para cancelar 16 mil millones de pesos con la AFIP y a Vicentin la intervienen por 18500. Necesitamos inversión privada y estas cosas no ayudan", contesto Omar de Machi, diputado del PRO. 

"Yo soy médico y no me queda claro lo que es el stress financiero. Salvo que sea estar preparando la huida con un juez que acepta el concurso sin conocer los balances", respondió el diputado oficialista Pablo Yedlin. Recordó que Vicentin puede entrar en la moratoria y que la esperan. Quieren ver sus balances.